Farmacias, homeopatía y la dicotomía consumo - salud.

En los últimos días varios medios de comunicación se han hecho eco de una iniciativa llevada a cabo por un colectivo de farmacéuticxs para hacer masa crítica contra la presencia de la homeopatía en el desempeño de la profesión farmacéutica, y muy especialmente contra su presencia en el arsenal comercial (¿y terapéutico?) de las oficinas de farmacia. Han emitido un comunicado (con recogida de firmas) donde se hacen varias propuestas en torno al apoyo de sociedades científicas e instituciones varias a la homeopatía, su presencia en los Colegios Oficiales de Farmacéuticos o, como hemos comentado, la salida de la homeopatía de las oficinas de farmacia.

Estamos de acuerdo con estas reivindicaciones y las que versan sobre aspectos institucionales serían extrapolables a las organizaciones médicas (podríamos ahondar en qué ocurre con los productos que no son homeopáticos pero que tampoco sirven para nada y que sí tienen el sello de "medicamento" en toda regla); sin embargo (ese "pero" tan esperado en medio de algunas frases) creemos que el techo de cristal de esta iniciativa es tremendamente bajo, porque es imposible llevar a cabo una salida de los productos sin evidencia científica de las oficinas de farmacia sin replantear por completo el modelo de ordenación farmacéutica.

Las oficinas de farmacia tienen un modelo de negocio (sí, de negocio) en el cual la venta de medicamentos de prescripción médica siempre ha jugado el papel de estabilizador del negocio (especialmente en la época de aumento desaforado del gasto farmacéutico ambulatorio y cuando el retraso en los pagos a las oficinas de farmacia no suponía el lastre de los últimos años) y la venta de exposición relacionada con medicamentos no sujetos a prescripción, productos cosméticos, analíticas capilares de dudosa (ninguna) utilidad y productos homeopáticos/"""alternativos"""/una-mezcla-heterogénea-de-cosas que desempeña un importante factor de incremento de ingresos no tan dependientes de la prescripción médica aunque siempre se pueda utilizar la interacción usuario-oficina de farmacia a partir de una receta bajo prescripción para vehiculizar otro tipo de demandas.

Nosotrxs creemos que la oficina de farmacia ha de ser más un espacio generador de salud que generador de consumo, y que la sostenibilidad económica de las mismas deba garantizarse (especialmente en aquellas regiones en las que las oficinas de farmacia no son sostenibles con el actual modelo de negocio: pueblos pequeños, principalmente) así como se debe garantizar la sostenibilidad de cualquier centro sanitario. Lo que creemos es que no es compatible pensar que la oficina de farmacia pueda per/sub-sistir si no es mediante la venta de productos de dudosa (o ninguna) utilidad terapéutica y generando demanda (que no necesidad) de consumo en el ámbito de la salud.

En los últimos años han aumentando las iniciativas procedentes de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Sociedades Científicas de Farmacia relacionadas con la prestación de servicios de atención farmacéutica dentro de las oficinas de farmacia, especialmente en el ámbito de la polimedicación y las patologías crónicas. Que las oficinas de farmacia desempeñen un papel en la atención del paciente crónico que acude periódicamente a ellas a por medicación parece lógico y puede suponer una oportunidad de contribuir a mejorar la efectividad y la seguridad de los tratamientos, sin embargo, ¿es esto posible en un sistema repleto de incentivos para que la atención introduzca nuevos productos en el consumo del usuario? ¿es esto posible en unos lugares orientados a incrementar los metros cuadrados de exposición comercial para rellenarlos de productos que poco o nada han probado en lo que a mejorar la salud de quienes los consumen se refiere?

Nos avergüenza entrar en oficinas de farmacia y que el/la farmacéuticx nos ofrezca homeopatía para la migraña (been there) como tratamiento alternativo/sustitutivo "y con menos efectos secundarios", pero creemos que o se plantean modelos alternativos de ordenación farmacéutica o es simplemente imposible que se generalicen posturas que defiendan la conversión de las oficinas de farmacia en "zonas libres de pseudociencia".

¿Hay alternativa a que la industria corrompa a los profesionales sanitarios?

Que la industria (farmacéutica, alimentaria, de tecnologías sanitarias, etc) paga a lxs profesionales sanitarixs de diferentes formas (congresos, viajes, regalitos que exceden en mayor o menor parte lo que dice el código AUTO-regulatorio de Farmaindustria, conversión en líder de opinión con charlas bien remuneradas a cambio de leer un powerpoint preparado por la empresa en cuestión,...) es algo que ya sabíamos.

Que la industria (farmacéutica, alimentaria, de tecnologías sanitarias, etc) paga a las so/uciedades científicas para que éstas avalen desde galletas hiperglucémicas hasta yogures líquidos que te mienten a la cara sobre tus defensas o para que admitan en sus congresos tenderetes de Coca-Cola, McDonalds u Oscar Mayer (todo esto es verídico) también es algo que ya sabíamos.

Que las justificaciones tanto de profesionales como de so/uciedades científicas para (auto)justificar esto son variadas y peregrinas tampoco nos pilla de sorpresa, pero el otro día leímos una (auto)justificación que nos maravilló especialmente, y que se puede encontrar en este texto de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP).

No vamos a detenernos a analizar el razonamiento porque creemos que se hace solo (y porque es algo que hemos comentado hasta al náusea en el blog en la serie de artículos sobre industria farmacéutica), pero sí queríamos hacer 9 breves aportaciones para sociedades científicas y otras 9 para profesionales sanitarios y 9 para las instituciones públicas que hacen que nuestro nivel de autocrítica pueda elevarse algo más allá de decir "si no me lo paga el Estado pues que corra la pasta y ¡VIVA LA INDUSTRIA!".

Son aportaciones parciales y no mutuamente excluyentes... y con alguna puede que no estemos nosotrxs de acuerdo, pero son un pasito a un lado dentro del discurso de "NO HAY ALTERNATIVA" que parecen haber asumido parte de las sociedades científicas, profesionales e instituciones.

9 aportaciones para sociedades científicas.

1. Revisar qué cosas hacen imprescindible la participación de la industria en las actividades que se organizan.

2. No convertir la asistencia a congresos en un certamen de "¿quién congrega a más asistentes?" sino en un intento por aglutinar la mejor calidad formativa y la mejor transferencia de conocimiento.

3. Acudir a las direcciones de formación de los Servicios Regionales de Salud y ofertar la posiblidad de llevar a cabo colaboraciones en materia de formación.

4. Fomentar la colaboración entre colectivos profesionales.

5. Abandonar el posibilismo que posiciona la realización de actividades por delante de los planteamientos éticos y elaborar un posicionamiento de valores relacionados con la formación crítica e independiente que no deberán traspasarse bajo ningún concepto en la relación con ninguna entidad externa a la organización.

6. Plantear itinerarios formativos libres de humos industriales dentro de la oferta formativa de la organización, de modo que lxs socixs de la sociedad científica que quieran huir de la contaminación empresarial pero que crean que aún hay algo rescatable dentro de cada sociedad científica puedan demostrar que se puede llevar a cabo.

7. Revisar la evidencia disponible y ver qué tipo de encuentros formativos son los que han demostrado una mayor efectividad a la hora de generar cambios en la práctica clínica. Una pista: los macrocongresos NO, y los cursos de 2 horas en restaurantes de hoteles tampoco.

8. Desarrollar planes formativos que no dependan de las instituciones ni de la industria, disminuyendo el tamaño de los eventos, mutiplicando la cercanía a lxs asistentes (y multiplicando el número de ediciones) y potenciando la generación de grupos y comunidades de práctica dentro de lxs profesionales que trabajan cerca [los colegios profesionales podrían tener algo que decir en esta independencia de doble cara industria-instituciones].

9. Disminuir la estructura económica superflua de las sociedades científicas que hace que sea necesaria la realización de grandes eventos promocionales (aka congresos) para la obtención de fondos [el medio millón de euros que su congreso dejó a SEMERGEN es una muestra de esto]

9 aportaciones para profesionales sanitarixs.

1. Solicita (por vía más o menos oficial -no vale twitter ni barra de bar-) a la institución en la que trabajas que organice cursos sobre las materias que consideras necesarias para tu formación continuada.

2. Busca personas o colectivos en tu entorno (geográfico y de interés profesional) libres de humos industriales.

3. Teje redes de formación con personas de tu entorno.

4. Busca fuentes de información independiente cuyos conflicto de interés sean menores que los de las fuentes habitualmente suministradas por la industria.

5. Haz cursos online (coursera o edX te pueden ayudar) que posteriormente puedas replicar o enriquecer en tu entorno.

6. Dedica el tiempo equivalente a recibir a comerciales farmacéuticos o a ir a charlas-comidas de laboratorios a tu formación.

7. Sal de los límites de tu entorno físico y busca gente con la que colectivizar las actividades que lleveis a cabo mediante el uso de las redes sociales y otras plataformas similares.

8. Comparte con tus pacientes tus decisiones en relación a la independencia de la industria farmacéutica.

9. Reclama que en tu centro de trabajo y en el servicio en el que trabajes no se lleven a cabo actividades formativas organizadas por la industria.

9 aportaciones para instituciones públicas.

1. Incrementar la financiación de los planes de formación continuada, de modo que ésta se pueda llevar a cabo de forma sencilla sin necesidad de financiación por parte de la industria farmacéutica.

2. Conformar grupos de trabajo independientes de la administración (sin filiación política directa) para detectar las necesidades formativas y diseñar los planes docentes.

3. Exigir un número determinado de horas de formación por profesional para periodos concretos (trienios, quinquenios,...) realizadas por entes independientes de las industrias relacionadas con la salud (farmacéutica, alimentaria, diagnóstica,...) -y que fueran realizables con la oferta formativa de fuentes públicas-.

4. Prohibir la asistencia de cargos de libre designación a encuentros formativos con patrocinio industrial siempre y cuando la financiación de dicha asistencia se realice con fondos de la industria.

5. No reconocer como interlocutores válidos a las sociedades científicas que presenten patrocinio de industria que firmen contratos con las administraciones públicas.

6. Prohibir la realización de actividades publicitarias en centros sanitarios públicos.

7. Incrementar la transparencia en relación a las relaciones entre la industria farmacéutica y los dirigentes públicos, especialmente en materia de puertas giratorias, aprobación de medicamentos y fijación de precios.

8. No aceptar como válidas para el cómputo en las bolsas de empleo las actividades formativas organizadas por la industria farmacéutica.

9. Generar incentivos no monetarios (en forma de fomento de la docencia e investigación) para actividades libres de humos industriales.

Por último, dejamos a continuación la presentación utilizada en un taller sobre "Formación crítica e independiente" dentro del encuentro de SEFSE-AREDA de Badajoz de la semana pasada. 

Formación sanitaria crítica e independiente de javithink

¿Quién lucha qué? ¿quién lucha cuándo?

En uno de esos momentos en el que las órbitas inician las maniobras de cuerpo extraño hacia el globo ocular, alguien comentó ayer que en su servicio las guardias ya no se libran.
Nuevos tiempos que recuerdan a viejos tiempos. El eterno retorno, dijo él. Los adjuntos han considerado que entre (¿entre es siempre adverbio entre varios?) las estrategias para ofrecer una formación de calidad a los residentes, está la invitación a prolongar la jornada laboral más allá de las 24 horas.
Si las discusiones se tejen sobre estructuras poliédricas (con alturas, volúmenes y caras distintas), no es mi intención desarrollar la legitimidad, o su ausencia, de lo que refrenda la ley. Las legitimidades y las leyes son constructos, no lógicas.

Y quizá es interesante estirarle las manecillas a esta lógica con la nos tapizamos cada día.
Por un lado, el flujo de las invitaciones. Los hospitales, la dinámica de residencia, los entornos laborales o la vida misma no son escenarios de suma cero de poder. Las relaciones de asimetría (por edad, clase, responsabilidades, género...) operan entre nosotros. Y más acá de transformarlas o no, está el identificarlas, el reconocerlas, y el generar medidas que minimicen su impacto. La asimetría de poder para consensuar o forzar acuerdos (que no es lo mismo, aunque a veces resulten en la misma estación), conviven con nosotros. Como lo hacen la posibilidad de sesgos o la corrupción. La naturaleza o la normalidad, no justifican la norma.
Por otro lado, la capacidad de aceptación a veces, de sumisión muchas. En estructuras, entendidas como dinámicas que tienden a generar sistemas de ideas y relaciones, en las que somos capaces de reconocer elementos que ocasionan malestares, injusticia o incluso,  jugando al productivismo, ineficiencias; en las que seríamos capaces de pensar, compartir o probar alternativas, los grilletes tienen la textura de la aversión a la pérdida.
Hoy, no libramos las guardias. Mañana, son irregularidades vergonzosas en un contrato como adjunto. A mi no-entender, no es quien está en una situación de vulnerabilidad el sujeto al que pedirle arrojo para que haga crujir todos sus huesos contra nuestro muros (invisibles). Los demás, los que a veces estamos frágiles y otras veces más enraizados, estamos llamados a la exposición y al acompañamiento. Y a ir dejando a un lado está combinación de responsabilidad y culpabilidad.

El domingo, las señoras que esperaban impacientemente en la cola (¿hay otra manera de esperar en una cola?) de la panadería preguntaron al empleado dónde estaban sus compañeras.

- Una está de libranza, a la otra le han echado. Les tocaba ofrecerle un contrato indefinido. Le han despedido unos meses, creemos que después volverá.

- Al menos estará cobrando el paro ¿no? - preguntó otra de las impacientes.

Al menos estará cobrando el paro.

Los ecos.

De lo que somos.

De lo que decimos.

Y sobre todo, de lo que callamos.

Sanidad y privatización: los caminos de vuelta.

En España siempre nos hemos vanagloriado de nuestro sistema público de salud, enfatizando lo de público y sin entrar demasiado a desgranar cómo de público era realmente y cuáles eran las derivas por las que transitaba en lo que respectaba a la titularidad pública o privada de su gestión/provisión, su financiación, su control y su propiedad (que son los cuatro aspectos que se suelen analizar al hablar de lo público y lo privado en sanidad).

El año 1997 puso un hito en la entrada de las empresas privadas en el sistema sanitario público, con la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (apoyada de todos los partidos políticos que por entonces estaban en el congreso de los diputados salvo Izquierda Unida y el BNG) se abrió la puerta a que empresas privadas pudieran gestionar servicios sanitarios públicos, y poco después la Generalitat Valenciana concedió a la Unión Temporal de Empresas Ribera Salud la gestión del Hospital de La Ribera, y con ello dio el pistoletazo de salida al denominado "Modelo Alzira".

El Modelo Alzira se ha utilizado como paradigma de lo que hacer y de lo que no hacer dependiendo del signo político de quien lo juzgara, pero una de sus características fundamentales ha sido su opacidad (como resaltó un informe del National Health Service que lo evaluó para valorar qué podían introducir de este modelo dentro de su sistema sanitario) tanto en lo contractual como, fundamentalmente, en la evaluación de sus resultados en salud; a este respecto conviene leer a Meneu y Peiró en este artículo de Nada Es Gratis donde exponen un estudio de evaluación llevado a cabo por su parte hace pocos años).

Desde finales de los años 90 la introducción de criterios empresariales en la gestión de las instituciones públicas (gerencialismo) se ha expandido por todas las Comunidades Autónomas, en algunas dentro de la gestión pública (como el caso de Andalucía, utilizando las Empresas Públicas o las Unidades de Gestión Clínica como formas de expansión del gerencialismo dentro de la gestión pública) o mediante el desarrollo de formas privadas de gestión (siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña auténticos parques temáticos de formas de gestión sanitaria con inclusión de la empresa privada). Tras ese periodo de expansión hubo una cierta estabilización en lo que a las formas de gestión se refiere (especialmente tras los intentos fallidos de privatización de la gestión de 6 hospitales públicos en Madrid) y en los últimos tiempos empezaron a tomar fuerza las iniciativas de reconversión a fórmulas de gestión pública de algunas de las entidades cuya gestión se privatizó. [*Recomendamos este artículo de AMF y este de FMC sobre modelos de gestión, así como este texto de Diagonal sobre lo expuesto por el grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad]

¿Y el Modelo Alzira? Pues ese modelo, emblemático porque la empresa Ribera Salud no solo gestionaba el hospital de la zona sino también los centros de atención primaria (todo sea dicho, puestos a gestionar algo, al menos que te dejen gestionar también la puerta de entrada a lo que gestionas), parece que está llegando a su fin. La Generalitat Valenciana ha mostrado su firme propósito de pasar los centros del modelo Alzira a la gestión pública, y lo más probable es que sea la fórmula de la empresa pública la que sea más beneficiosa no solo para la institución pública sino especialmente para los/as trabajadores/as que desempeñan allí sus labores.

Contra esto la empresa gestora lleva tiempo intentando moverse y ha convocado una jornada donde defenderá su gestión y vendrá a decir que el entramado jurídico para la reversión de la concesión es muy complejo y que no ha lugar a ello. 

Seguramente también dirán que hay que desideologizar la política sanitaria, que en los tiempos en los que la iniciativa privada aumentaba su cuota de mercado en la gestión sanitaria de los servicios públicos todo era técnica aséptica desprovista de valores, sin injerencias corruptelares y por el bien de la población, no como ahora que la sanidad se ha teñido de ideología contra el bien de los pacientes y del capital (o algo así).

En los centros gestionados por empresas privadas se han hecho (y se hacen) cosas maravillosamente bien. Mejor que en los gestionados de forma directamente pública. También se han hecho (y se hacen) cosas tremendamente mal. Peor que en los gestionados de forma directamente pública. Pero la tendencia de la que hablamos no va de eso; va de que mientras a nivel macro (Unión Europea) se tejen redes que protegen la iniciativa privada en la gestión de los servicios públicos, en nuestro país hay una fuerza creciente (en lo social, y tal vez también en lo político) que piensa que los servicios públicos han de ser gestionado desde lo público o, mucho mejor, desde lo común, y que las empresas con ánimo de lucro parecen quedar notablemente lejos de ese objetivo.